El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella ha rechazado decretar la libertad provisional de un preso de 63 que se encuentra interno en Alhaurín de la Torre, ello pese a estar en la cárcel por un delito contra la salud pública, "se encuentra entre los perfiles de riesgo de fallecer por coronavirus" y ser imposible huir, dice la abogada Victoria Bautista en su escrito, por estar decretado el estado de alarma.
Así, recuerda la abogada que el 8 de agosto de 2019 se acordó la medida de prisión comunicada y sin fianza al considerarse que existía riesgo de fuga al ser extranjero y carecer de arraigo en España. "Pese a la inexistencia de indicio alguno que indique que mi cliente tuvo participación en los hechos enjuiciados en la presente causa, tras siete meses continúa en prisión a pesar de que se encuentra entre los perfiles de riesgo de fallecer por coronavirus, potencial paciente vulnerable por su avanzada edad y se han detectado varios contagios en ese centro".
En su escrito, la abogada insiste en que "se trata de la libertad de una persona y en este caso no se ha cumplido la constante y pacífica jurisprudencia que exige un especial celo en la motivación del auto", y aclara que su cliente tiene 63 años, se encuentra entre los casos de alto riesgo por contagio de coronavirus "que pueden llevar a su muerte inminente", no hay riesgo de fuga por el estado de alarma, no tiene antecedentes penales y "no existe participación alguna de mi mandante en los hechos enjuiciados, teniendo en cuenta que alquiló su vehículo a un holandés", no hubo intención en ello y "no existe transacción previa dineraria que acredite el tipo delictivo por el que se le investiga". Reclama que se sustituya la prisión preventiva por la libertad provisional con retirada del pasaporte, la pulsera telemática, una fianza o comparecencia apud acta.
La juez, en su auto, afirma que se mantienen los requisitos que fueron tenidos en cuenta a la hora de dictar el auto de prisión, sin que la situación del investigado haya variado de forma sustancial y apreciable que motive un cambio de medida cautelar, ya que "la función garantista que cumple la prisión provisional es de plena aplicación al caso, al tratarse de un presunto delito contra la salud pública, que puede llevar aparejada pena de hasta cuatro años y seis meses de prisión, y que existen de lo actuado indicios suficientes de criminalidad contra el investigado y que persiste el riesgo de que, de ser puesto en libertad, se sustraiga a la acción de la justicia, al ser un ciudadano extranjero sin arraigo en nuestro país".